El patrimonio cultural de los mexicanos se expresa en español y en sesenta lenguas de origen prehispánico. En este artículo examino las contradicciones con las que han operado las políticas lingüísticas del estado mexicano frente a la diversidad de lenguas que se hablan en esta nación. Me interesa mostrar que las tendencias a la homogeneización lingüística, la cual se sustenta en la creencia de que un estado nacional para ser vigoroso debe estar a la sombra de una sola lengua, no impiden que ese mismo estado nacional reconozca repetidamente, en su discurso oficial, que una parte relevante de la población mexicana tiene como lengua materna alguno de los idiomas de origen prehispánico. Desde que México se independiza de España, en los albores del siglo XIX, distingo tres políticas lingüísticas que se construyen sobre una misma paradoja: reconocimiento y desconocimiento. Para empezar, el reconocimiento de la contribución de las lenguas indígenas a la construcción de una historia nacional propia, coexiste con una política que postula la inferioridad de sus hablantes. Posteriormente, desde la primera década del siglo XX, el reconocimiento del caracter mestizo de los mexicanos ­ producto de la mezcla de los indígenas con los españoles ­ se acompaña de una política que busca a toda costa la integración de los primeros a la sociedad hispanohablante. Finalmente, en 1994, el reconocimiento constitucional de los derechos culturales de los pueblos indígenas recibe la escolta de una política económica neoliberal que incide en la pauperización de estos pueblos y en consecuencia en la marginación de sus lenguas. Analizo finalmente la precariedad con que se tratan los aspectos lingüísticos en la demanda de derechos indígenas más reciente ­ 1995 ­ y propongo una nueva concepción de los derechos de estas lenguas en lo que concierne a la oferta educativa del estado. Tal como propone Martel (1996) asumo el concepto de diversidad en su dimensión global que permite postular la interacción necesaria de los grupos lingüísticos